abc.es – La lucha contra la discriminación y el apoyo a la accesibilidad universal y la transversalidad de las políticas en materias de discapacidad conforman la doble estrategia de la futura ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad cuyo anteproyecto recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y hoy llega a las Cortes para iniciar su tramitación con el objetivo de que sea aprobado antes de acabar este año.
Una texto que integra en un documento legal todas la normativa nacional, internacional y autonómica que, si bien pretende reconocer derechos diferentes para este colectivo, sí aunar el catálogo de todos los derechos y lograr que todos ellos tengan pleno efecto a lo largo de su ciclo vital a través de apoyos y medidas que logren su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral y su mayor participación en la sociedad. Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien incidió en el carácter «trasversal» del texto, que abarca áreas tan diferentes como la salud, la educación y formación, el empleo y la inserción laboral, los servicios sociales, la cultura, el deporte, el turismo, el ocio o el medio ambiente. Un posterior plan estratégico se encargará de la coordinación de todas las acciones.
Además, el texto «da una vuelta de tuerca más», ya que «se afianza y exige» la participación de las asociaciones y colectivos en «todos los órganos que puedan tener algo que decir», subrayó Marcos, quien destacó esta implicación como una de las «ventajas» del texto. «Es una norma por y para el sector», resaltó la consejera.
La futura norma incluye un «concepto más amplio» y no incluye sólo a las personas con discapacidad (más de 161.000 en Castilla y León) y especialmente a los menores de 65 años (el 51,8 por ciento, más de 83.500), sino también a sus familiares, tutores y personas con riesgo de tenerla.
La «garantía» de una «atención individualizada» con proyectos específicos para cada usuario «lejos» de las acciones para colectivos o institucionales es otra de las «ventajas» destacas por la consejera de esta norma, que movilizará 155 millones de euros al año, sin perder de vista el «objetivo de estabilidad presupuestaria». La mayoría de los recursos (119,4 millones) llegarán directamente de la Consejería de Familia, aunque también están implicadas otras como la de Economía y Empleo (21,4 millones), Sanidad (9,3) o Educación (4 millones).
Atención y apoyo
Y es que la norma prevé medidas de acción positiva en diversos ámbitos como la salud, la formación o el empleo. Entre ellos destaca, por ejemplo, la atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejora la calidad de vida, autonomía personal y participación de estas personas. Destaca también la puesta en marcha de mecanismos no sólo para la «adecuada transición» entre las diversas etapas y niveles educativos, sino desde el ámbito formativo al laboral.
La atención temprana a los niños con discapacidad o con riesgo de padecerlas quecomprenderá «como mínimo» la prevención, detección precoz, diagnóstico y atención de casos es otro de los puntos destacados del texto, conformado por 76 artículos.
La futura ley también se fija en el apoyo a las personas con discapacidad sobrevenida, a las familias y a los cuidadores, que recibirán apoyo. Además, se impulsarán medidas que favorezcan la conciliación en las familias en las que algunos de sus miembros tenga alguna discapacidad.
Otro de los pilares son las acciones contra la discriminación, de sensibilización e información con el objetivo de acabar con los estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias.
